La América ibérica, experimenta serias dificultades para definir con criterio ético, razonable y normativo, los límites del Estado, su carácter de bien público, legalidad, legitimidad, y frontera infranqueable para frenar los monopolios partidistas y alarmante despotismo que pretenden su control parcial o total.
Poco a poco, la región se va asimilando más al arcaico modelo monárquico, zarista euro-asiático o soviético de 1917. Otras democracias representativas tienen similares problemas de legitimidad, pero al momento algunas regiones van salvando la legalidad.
La gravedad de convertir el Estado como Institución Pública en un bien de familia, capaz de ser privatizado y transmitido por herencia casi contractual, en favor de los intereses domésticos de un clan, tiene en el siglo XXI y a mi entender, similar o mayor inconveniencia que un golpe de estado militar. Y dentro de la doctrina del igualitarismo totalitario fundado en un traspaso de poder del monarca paternal a la monarca maternal, la fantochada se subsidia con respaldado en un derecho positivo que incumple su función positiva para instalarse en las antípodas.
La primera magistratura de un país, no puede convertirse en un ir al supermercado matrimonial, reemplazado él por ella, o viceversa; o en un bien de sucesión familiar, por ser mujer, madre soltera, no vidente, con capacidades diferentes, o portación de apellido. El reconocimiento de derechos de los últimos 70 años se ve envilecido por el uso inadecuado de la normas.
El hoy presidente, mañana impedido por la ley traslada el cargo a su mujer. Este razonamiento es hijo de la continuidad del control del poder; la ambición política desmedida, o envidia de alguna primera dama, que siente necesidad de auto-compararse y transformarse en una Eva Perón tardía.
Este razonamiento tiene sus ventajas: El país a ser considerado se auto-plantea como democracia seria y decente, donde la mujer puede alcanzar la máxima aspiración de poder en cargo político y público; además de que el partido imprime otro laurel en su historia.
El cuento en pocas palabras, es el de una familia política feliz, que no se enquista en la estructura del Estado ocultando o incrementando la corrupción. El clan fluye por clamor popular con base en la demagogia desenfrenada, que incluye hoy el populismo electrónico.
Ante un golpe de estado, la sublevación es un acto ilegal pero legítimo, en un estado de derecho se constituye en ilegalidad además ilegítima, puesto que la soberanía no descansa en el deseo de una facción, un sector social o una minoría, sino en la mayoría instituida en gobierno con el derecho otorgado en la constitución, y los límites del poder se ejercen por la norma.
En este último caso, las constituciones se dotan de mecanismos no siempre suficientes para generar la deposición o dimisión de los privatizadores representantes, que empujan la quiebra de la norma en favor de sus intereses personales. Ello explica muchas veces, la corrupción generalizada y creciente en iberoamérica, y la presión sobre la libertad de expresión que obstaculiza el espíritu de la democracia.
El ciudadano iberoamericano hoy decide muy poco, siendo poco ya una exageración. Obligados sin libertad a optar por el mal menor, bajo el condicionamiento de la sutileza del sistema formal electoral e informal de las fracciones partidarias y la desinformación sistematizada.
Está impedido al ciudadano y a la comunidad ser (de reconocerse a sí) por los artilugios que las formas políticas aceptadas en occidente ponen en juego, bajo el armado, creación, como financiación de sus propuestas ideológicas que permiten obtener mediante esa corrupción sus ventajosos negociados.
Resulta posible abriendo un buscador vía Internet certificar esto mismo.
Nuestra región se encuentra salpicada de acciones tendientes a anular toda forma natural de normalidad política, en cuanto respeto normativo y constitucional. Pero entre las más graves en la actualidad, se encuentran aquellas que limitan la libertad de expresar bajo el látigo del pensamiento único, determinante de aquello susceptible de decir y callar. Aquello que se debe defender o se puede claudicar exclusivamente por la vía del oscuro negociado, y aquello a lo que debemos resignarnos, que incluye la privatización total del Estado al interés y beneficio de una familia, transformando jurisdicciones en monarquías y monopolios del capricho matrimonial, rehén en la disputa de divorcio de tal sociedad, o el botín de guerra inexpugnable que permita a tales perpetuar el reinado, garantizar a la partidocracia la expoliación y a la jurisdicción ahogarse en el letargo oscuro del subdesarrollo.
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